¿Quién es el dueño de qué?

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Los derechos de propiedad exigibles siguen siendo demasiado raros en los países pobres

Hace veinte años, un economista peruano hizo una observación sorprendente. Las personas de los países pobres no son tan pobres como parecen. Muchos de ellos tienen activos, pero no pueden probar que son dueños de ellos y, por lo tanto, no pueden usarlos como garantía. Hernando de Soto estimó que el valor total de las tierras, viviendas y otros activos fijos de propiedad informal eran de $9.3 billones de dólares en 2000, que equivalen a $13.5 billones de dólares en la actualidad. Eso ha sido 20 veces mayor al total de la inversión extranjera directa en los países en desarrollo durante la década anterior. Si los pequeños agricultores y los habitantes de asentamientos humanos tuviesen un título legal y claro para sus propiedades, podrían pedir prestado dinero fácilmente para comprar mejores semillas o iniciar un negocio. Podrían invertir en su tierra, irrigándola o erigiendo una tienda, sin temor a que alguien, algún día, se apoderase de ella. Los derechos de propiedad harían a los pobres más ricos, argumentó.

Desde que su libro, “El Misterio del Capital”, se publicó, sus ideas se han difundido. Indonesia, Tailandia y Vietnam han llevado a cabo extensos proyectos de titulación, mapeando y registrando millones de parcelas de tierra. La India quiere utilizar drones para mapear sus aldeas. Etiopía ha registrado millones de parcelas. Ruanda ha mapeado y titulado todo su territorio por 7 dólares la parcela, gracias a una fotografía aérea de bajo precio. Los estudios sugieren que la titulación ha aumentado la productividad agrícola, especialmente en Asia y América Latina.  El Banco Mundial quiere que el 70% de las personas tengan derechos de propiedad seguros para 2030.

Sin embargo, es poco probable que eso suceda. A pesar de todos estos esfuerzos, sólo el 30% de la población mundial tiene títulos formales hoy en día. En el África subsahariana rural, solo el 10% cuenta con ellos. Sólo el 22% de los países, incluidos el 4% de los países de África, han mapeado y registrado la tierra privada que se encuentra en sus capitales. De acuerdo con la ONU, a medida que el COVID-19 ha ido destruyendo puestos de trabajo, se incrementaron mundialmente el número de desalojos y demoliciones de viviendas. Otra encuesta señala que, alrededor de mil millones de personas, aproximadamente uno de cada cinco adultos, temen ser desalojados dentro de los próximos cinco años, a menudo porque no poseen formalmente la tierra debajo de sus hogares. Casi la mitad de las mujeres subsaharianas temen que el divorcio o la viudez signifique perder sus campos o el techo sobre sus cabezas.

Como lo ha advirtió el Sr. de Soto, establecer un sistema de derechos de propiedad seguro es difícil. No basta con otorgar títulos a los poseedores de los bienes. Un documento legal carece de valor si su propietario no puede usarlo fácilmente. Incluso en Ruanda, el 87% de las ventas que involucraban parcelas de tierra rural aún se realizaban de manera informal cinco años después de que se promovió la entrega de títulos. Otros países han tenido fracasos similares. Con frecuencia, se carece de las instituciones necesarias para hacer valer los derechos de propiedad sin problemas, con imparcialidad y transparencia.  

En muchos países, las transacciones son lastimosamente lentas. Registrar una propiedad toma un promedio de 108 días en el sur de Asia y 64 en América Latina, en lugar de los 24 días que tomarían los países de la OCDE. En la India, dos tercios de los casos de los tribunales civiles son controversias en materia de tierras, que tardan un promedio de 20 años en resolverse. Las nuevas plataformas de software que facilitan las transacciones y la mediación deberían de ayudar. Pero la tecnología no puede hacerlo todo.  

Otras leyes a menudo socavan los derechos de propiedad.   En más de 30 países, las hijas y las viudas no tienen los mismos derechos de herencia de tierras que los hijos o viudos. A muchas otras mujeres les resulta difícil poseer tierras debido al derecho consuetudinario, que no está escrito, pero se aplica vigorosamente en muchas aldeas. Las leyes de minería y forestales pueden invalidar las leyes del suelo, tal es el caso en Mozambique. El registro de millones de parcelas de tierra por parte de Etiopía en la década de 2000 se vio socavado por restricciones a su uso como garantía.

Las leyes restrictivas a la planificación empeoran las cosas. En el sur de Asia, donde 130 millones de personas viven en barrios marginales, las reglas de zonificación y el acaparamiento de la tierra por parte de agencias gubernamentales hacen que sea más difícil y costoso para la gente comprar propiedades formales. Y donde el título es inseguro, existe una menor probabilidad de que se desarrollen las tierras. En lugar de esto, la gente es empujada a barrios marginales de baja densidad alejados del centro: la expansión resultante significa que las ciudades del sur de Asia están creciendo el doble de rápido tanto en área como en población. En el África anglófona, algunas leyes de planificación se basan en estatutos de la época colonial diseñados para amplios suburbios ingleses. En Dar es Salaam en Tanzania, el tamaño mínimo de la parcela para una vivienda formal es de 400 metros cuadrados. Un hogar ubicado en un barrio marginal tiene quizás una cuarta parte de ese tamaño.

Una de las razones por las cuales una reforma es difícil es que los políticos a menudo  tienen  un  fuerte  incentivo para oponerse  a  ella. En gran parte del mundo en desarrollo, el poder de asignar tierras —o decidir  quién lo hace— es extremadamente  lucrativo. Los políticos son a menudo los peores acaparadores de tierras, a efectos de enriquecerse  y recompensar a sus partidarios. Derechos a la propiedad más robustos para los desfavorecidos harían más difícil el saqueo.

Los partidos gobernantes a menudo generan alianzas con los líderes tradicionales rurales para frustrar el cambio. A nivel mundial, 2,500 a 3 mil millones de personas viven en unas 6 mil millones de hectáreas de tierra comunal –el equivalente a tres Rusias y un  Brasil–. En África, más del 50% de la gente lo hace. Desde 1990, 39 de los 54 países africanos han aprobado leyes de suelos para dar a aquellos que viven en tierras comunales derechos de propiedad más fuertes. Sin embargo, en algunos países, como Malawi y Zambia, los jefes han bloqueado las reformas. Otros acuerdos nocivos entre peces gordos urbanos y rurales privan a la gente  pobre  de  derechos  sobre  sus  propias  tierras. Este  es  un  problema  agudo  en  las “antiguas tierras de origen” de Sudáfrica, donde muchos de la población negra fueron consignados durante el apartheid y donde un tercio de los sudafricanos todavía viven, con derechos de propiedad mínimos. 

Las leyes bien intencionadas a veces tienen vacíos que son aprovechados por las élites. Por ejemplo, se abusa de aquellas reglas que permiten la expropiación por interés público para transferir tierras a sus secuaces. Un estudio sobre las leyes africanas y asiáticas encontró que sólo la mitad requería de compensación en el caso de la expropiación dirigida por el Estado. Algunos gobiernos simplemente ignoran la ley. Los funcionarios de Brasil, Colombia y Kenia han expulsado a los habitantes de barrios marginales de sus chozas o han arrasado con la tierra ancestral de la población rural.  En Níger, Indonesia y Filipinas, los activistas de los derechos de la tierra han sido encarcelados o intimidados. Los derechos de propiedad no pueden funcionar a menos de que la ley sea aplicada a todos.

La tierra es un tema emotivo, especialmente donde aún persisten recuerdos de expropiación colonial. En algunas partes del sur de África, cuando nace un bebé, su cordón umbilical está enterrado en el suelo. La introducción de derechos de propiedad modernos y legalmente exigibles será políticamente tensa. No obstante, los reformistas deben de mantener el esfuerzo registrando quién es el propietario de qué, consolidando los derechos de propiedad individuales en el derecho y la construcción de las instituciones para defenderlos. Como fue argumentado por el Sr. de Soto, el capitalismo debe de ser para los muchos, no sólo para los pocos.

Este artículo apareció en la sección Líderes de la edición impresa bajo el titular “¿De quién es la tierra?”

https://www.economist.com/leaders/2020/09/12/who-owns-what

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